En Iglesias & Laboralista celebramos un nuevo logro judicial en defensa de los derechos de los trabajadores. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo ha sentenciado al Ayuntamiento de Castrillón a abonar 19.273 euros más intereses legales a un funcionario de carrera, por el impago injustificado de su salario durante casi 10 meses. Este caso pone en evidencia la importancia de garantizar un trato justo y responsable por parte de las administraciones públicas hacia sus empleados.

Los hechos: Un atropello administrativo

Todo comenzó en enero de 2020, cuando nuestro cliente, conductor del área de Obras del Ayuntamiento de Castrillón, sufrió un grave accidente laboral mientras prestaba servicio. Tras una prolongada baja médica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó la solicitud de incapacidad permanente y le otorgó el alta médica en 2021.

Desde ese momento, el funcionario expresó claramente su intención de reincorporarse a su puesto, cumpliendo con lo que llamamos un “acto positivo” o “manifestación tácita”, pero el Ayuntamiento no respondió ni le permitió retomar su empleo. Como consecuencia, durante nueve meses, el trabajador no recibió ni salario ni prestación por incapacidad temporal, viéndose obligado a recurrir a ahorros y préstamos para subsistir.

El fallo judicial: Obligaciones de la Administración Pública

La jueza calificó la actitud pasiva del Ayuntamiento como «totalmente irregular» y subrayó que las administraciones públicas tienen una obligación especial de actuar diligentemente. En sus propias palabras, “resulta imprescindible una mínima actividad de la Administración para dejar de abonar el salario de un funcionario, pues la Administración Pública, a diferencia del particular, tiene un deber cualificado en su actuar y no puede obtener beneficio del incumplimiento de su obligación”.

Este fallo reafirma que la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento no solo fue un acto de negligencia, sino que vulneró gravemente los derechos del funcionario, ocasionándole perjuicios económicos y personales injustificados.

Un testimonio que refleja el impacto humano

Nuestro cliente, padre de dos hijas y único sostén económico de su familia, compartió cómo esta situación afectó profundamente su vida. “Primero tiré de ahorros, pero luego tuve que pedir un crédito para pagar las facturas y la hipoteca. Fueron meses de mucha angustia e incertidumbre”, afirmó. Ahora, gracias a esta sentencia, ha encontrado el reconocimiento que merecía, aunque aún queda un camino por recorrer para restablecer completamente su situación.

Nuestro compromiso: Defender tus derechos

En Iglesias & Laboralista, nos sentimos orgullosos de haber acompañado a nuestro cliente en este proceso y de haber logrado un resultado que, además de resarcirle económicamente, envía un mensaje claro: las administraciones públicas no pueden ignorar sus responsabilidades ni tratar a los trabajadores de manera arbitraria.

Si estás atravesando una situación similar o necesitas asesoramiento en derecho laboral y administrativo, ponte en contacto con nosotros. Estamos aquí para defender tus derechos y buscar soluciones justas.

Introducción

El Juzgado de lo Social número 1 de Avilés ha declarado procedente el despido disciplinario de una trabajadora de una residencia de ancianos por acompañar a una residente al banco para retirar 700 euros, supuestamente destinados a la compra de unas gafas que nunca se adquirieron. Este acto contravino las normas internas del centro, que prohíben a los empleados asistir a los residentes en gestiones bancarias.

Contexto de los Hechos

La empleada, consciente de las políticas internas, acompañó a una residente al banco para retirar una suma de dinero bajo el pretexto de comprar unas gafas. Sin embargo, dicha compra no se realizó, lo que generó sospechas y llevó a la empresa a tomar medidas disciplinarias.

Decisión Judicial

Tras la investigación, la empresa despidió a la trabajadora por falta muy grave. La empleada impugnó el despido, pero el juzgado desestimó su demanda, confirmando la legalidad de la acción empresarial y destacando la importancia de cumplir con las normas internas para garantizar la seguridad y bienestar de los residentes.

Implicaciones Legales

Este caso subraya la relevancia de las políticas internas en las residencias y la necesidad de que los empleados las respeten. El incumplimiento puede llevar a sanciones severas, incluyendo el despido, especialmente cuando se compromete la confianza y seguridad de los residentes.

Conclusión

La sentencia reafirma la autoridad de las empresas para hacer cumplir sus normas internas y tomar medidas disciplinarias cuando se violan, protegiendo así los derechos y bienestar de las personas bajo su cuidado.

Contexto de los Hechos

En agosto de 2022, familiares de una residente de 99 años en la residencia Virgen del Coral, situada en Salinas, detectaron movimientos bancarios inusuales en la cuenta de la anciana, con retiradas que oscilaban entre 700 y 3.000 euros. Estas transacciones levantaron sospechas, lo que llevó a una investigación interna en el centro geriátrico.

Investigación y Descubrimientos

Durante una reunión informativa en la residencia, una trabajadora señaló a una compañera como partícipe en las sustracciones, acusación que no fue desmentida por las supervisoras ni por las demás empleadas presentes. La investigación policial posterior aportó imágenes de las cámaras de seguridad del banco, donde se observaba a la trabajadora acompañando a la residente durante las retiradas de dinero, incumpliendo la normativa interna que prohíbe a los empleados asistir a los residentes en gestiones bancarias.

Procedimiento Judicial

Como consecuencia de estos hallazgos, el 26 de agosto de 2022, la trabajadora fue despedida disciplinariamente por faltas muy graves. El 7 de octubre, la empleada presentó una demanda contra la empresa gestora de la residencia, solicitando la declaración de improcedencia del despido, su readmisión y el abono de los salarios dejados de percibir. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés desestimó la demanda, confirmando la procedencia del despido y la extinción del contrato sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación. Las partes disponen de un plazo de cinco días para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

Casos Similares

Este caso se suma a otro similar ocurrido en septiembre de 2022, cuando el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés falló a favor de la misma empresa en una demanda por despido improcedente interpuesta por otra trabajadora implicada en hechos similares.

Representación Legal

La representación legal de la empresa estuvo a cargo de los abogados María Iglesias Fernández y Marco Antonio Iglesias.

Para más información sobre este y otros casos.